Cuba obliga al sector privado a vigilar y reportar clientes vinculados al terrorismo

El Gobierno de Cuba ha emitido una nueva norma, la Resolución 86/2026, que pone nuevas reglas sobre el control financiero para los negocios privados. A partir de ahora, muchos de estos negocios tienen que estar más atentos a quiénes son sus clientes.

La idea es que estas empresas privadas colaboren en la lucha contra el terrorismo y otros delitos financieros.

📄 2. ¿Dónde y cuándo?

Esto aplica en Cuba y entró en vigor poco después de su publicación en la Gaceta Oficial, alrededor del 30 de abril de 2026. Los involucrados son los trabajadores por cuenta propia, las Mipymes (Pequeñas y Medianas Empresas), cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local que manejan contabilidad.

También incluye a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba y otros ministerios como el del Interior.

📄 3. ¿Por qué es importante?

Esta medida amplía la vigilancia del Estado sobre el creciente sector privado cubano. Busca asegurar que las empresas privadas no sean utilizadas para actividades ilícitas, alineándose con estándares internacionales de prevención de delitos financieros.

Refuerza el control estatal en un momento en que el sector privado tiene un peso importante en la economía de la isla.

📄 4. ¿Qué dicen las partes?

El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas y Precios, indica que esta resolución cumple con compromisos para prevenir delitos financieros. El objetivo es mantener la estabilidad y el orden.

Los negocios privados, ahora considerados "sujetos obligados", deben realizar verificaciones y reportes de forma confidencial y sin avisar al cliente sospechoso.

📄 5. ¿Qué viene ahora?

Los negocios deben consultar listas nacionales e internacionales de personas vinculadas al terrorismo. Si encuentran una coincidencia, deben reportarlo inmediatamente a las autoridades sin demora.

Además, tendrán que guardar la información de sus clientes por cinco años y cooperar con las autoridades. El incumplimiento puede traer consecuencias legales, dependiendo de la gravedad.