EE.UU. busca revocar ciudadanía a naturalizados por fraude o delitos graves
En pocas palabras
EE.UU. aumenta casos para quitar ciudadanía a naturalizados por fraude, delitos graves o terrorismo. Busca disuadir el abuso del sistema migratorio.
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El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, está reforzando su estrategia legal para quitarle la ciudadanía a personas que la obtuvieron de forma naturalizada.
Esta acción se dirige a quienes son acusados de fraude migratorio, haber cometido delitos muy serios o tener conexiones con el terrorismo.
El Departamento de Justicia anunció que ha iniciado cerca de una docena de casos de desnaturalización en cortes federales por todo el país. Esto significa un aumento notable en el uso de este proceso, que antes era poco común.
Los casos involucran a personas de varios países, incluyendo Colombia, Somalia, Marruecos, India y Nigeria, entre otros.
Se les acusa de haber engañado para conseguir la ciudadanía o de haber cometido crímenes graves después de obtenerla.
Entre los señalados hay un sacerdote colombiano condenado por abuso sexual, un ciudadano somalí con supuestos lazos terroristas, y un exagente policial acusado de crímenes de guerra.
También se incluyen casos de fraude, como el uso de identidades falsas o matrimonios arreglados para obtener la ciudadanía.
El gobierno defiende que la ley permite retirar la ciudadanía si se demuestra que fue obtenida ilegalmente o si se ocultó información importante durante el proceso.
Para revocar la ciudadanía, el gobierno debe probar ante un tribunal federal que hubo fraude. Si se logra, la persona pierde sus derechos y puede ser deportada.
Históricamente, estos casos han sido pocos. Entre 1990 y 2017, se registraron solo unas 300 desnaturalizaciones, un promedio de 11 al año.
El ritmo actual, impulsado por la administración Trump, es mucho mayor.
El gobierno también busca revocar la ciudadanía de Manuel Rocha, un exdiplomático acusado de ser agente cubano por décadas.
Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que solo una pequeña fracción de los 24 millones de ciudadanos naturalizados debería preocuparse.
Aseguran que quienes no cometieron fraude no tienen nada que temer.
El objetivo es claro: castigar el fraude y evitar abusos en el sistema migratorio de Estados Unidos.
Esta política representa un endurecimiento en las leyes migratorias y pone bajo escrutinio a muchos ciudadanos naturalizados.
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