Exfuncionario de USCIS arrestado por soborno para agilizar trámites migratorios
En pocas palabras
Exfuncionario de USCIS y cómplice arrestados en Texas por presunto esquema de sobornos para agilizar trámites migratorios a cambio de dinero.
Más detalles
Un exfuncionario de alto rango de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y un cómplice han sido arrestados en Texas. Se les acusa de participar en una red de corrupción para agilizar y aprobar ilegalmente trámites migratorios a cambio de dinero.
📄 ¿Qué pasó?
Los detenidos son Lukman Owolabi Ganiyu, quien era funcionario de USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye. Fueron arrestados el 2 de septiembre. Una denuncia penal los acusa de conspirar para recibir pagos ilegales mientras Ganiyu estaba en su puesto público.
📄 ¿Dónde y cuándo?
El presunto esquema ocurrió en Texas y se desarrolló entre diciembre de 2019 y marzo de 2026. Los involucrados son Lukman Owolabi Ganiyu y Adeniyi Akeem Somoye. Los arrestos se realizaron el 2 de septiembre.
📄 ¿Por qué es importante?
Este caso resalta la posible corrupción dentro de una agencia federal clave para la inmigración. Si se confirma, podría erosionar la confianza pública en el sistema y crear un precedente peligroso para el procesamiento de solicitudes migratorias.
📄 ¿Qué dicen las partes?
Los fiscales alegan que Ganiyu usó su posición para intervenir en solicitudes de inmigración, incluyendo peticiones familiares (I-130), solicitudes de residencia (I-485), eliminación de condiciones de residencia (I-751) y naturalización (N-400). Se alega que eludió entrevistas obligatorias y otras revisiones. Los fiscales también señalan que Ganiyu y Somoye recibieron cientos de miles de dólares. El fiscal federal Ryan Raybould calificó el acto como un abuso de confianza pública. El FBI, USCIS y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional participaron en la investigación.
📄 ¿Qué viene ahora?
Ganiyu y Somoye comparecieron ante un juez magistrado federal. Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal y multas de hasta 250.000 dólares. La investigación sigue en curso.
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