Grabar redadas de inmigración podría ser 'terrorismo doméstico' según Justicia de EE.UU.

📄 ¿Qué pasó?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un memorándum interno que sugiere aplicar cargos de "terrorismo doméstico" a civiles que filmen o graben las actividades de agentes de inmigración.

Esto ocurre mientras la administración Trump utiliza equipos de producción para grabar y promocionar sus propias redadas migratorias.

📄 ¿Dónde y cuándo?

Todo esto se está cocinando en Estados Unidos. Por ejemplo, el 16 de diciembre, el Comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, regresó a la región de Chicago con agentes federales y un equipo de grabación para hacer operativos.

La directriz del Departamento de Justicia, que se filtró el 4 de diciembre, llegó después de comentarios de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en julio, quien ya había mencionado la filmación como una amenaza.

📄 ¿Por qué es importante?

Esto es muy importante porque crea una paradoja. Por un lado, el gobierno graba sus operativos para mostrarlos al público. Pero por el otro, quiere castigar a los ciudadanos que intenten documentar esas mismas acciones.

La preocupación es que esta clasificación de "terrorismo doméstico" a la filmación o al hecho de "doxear" (publicar información de agentes) podría limitar la libertad de expresión y la capacidad de la gente para asegurar la transparencia de los actos de las autoridades.

📄 ¿Qué dicen las partes?

El Departamento de Justicia y la administración Trump entienden que filmar o "doxear" agentes es una forma de "terrorismo doméstico", buscando "silenciar el discurso opuesto" y "perturbar el funcionamiento democrático". La Secretaria Kristi Noem llegó a decir que "videograbar" agentes en operaciones es un acto de violencia.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, a través de sus representantes, ha criticado duramente estas operaciones, calificándolas de "tácticas desestabilizadoras y poco éticas" que traumatizan familias y convierten una acción legal en un "espectáculo público".

Expertos como David Bier del Cato Institute, argumentan que extender la definición de terrorismo doméstico para incluir la filmación es una política que busca "amenazar e intimidar" a quienes observan las actividades del DHS. También subraya que filmar a oficiales en espacios públicos está protegido por la Primera Enmienda.

📄 ¿Qué viene ahora?

La situación podría seguir tensa y generar más debates legales y públicos.

Es probable que surjan desafíos legales sobre la constitucionalidad de esta directriz, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión. La aplicación de estos cargos podría llevar a más arrestos y protestas.

Estaremos pendientes de cómo los tribunales interpretan y manejan esta nueva clasificación, y si la ciudadanía podrá seguir documentando las acciones de los agentes federales sin ser criminalizada.